7 min read

23-E

En esta entrada haré un recuento de los sucesos ocurridos en Venezuela entre 2015 y 2019. Aunque los venezolanos están sufriendo hiperinflación, represión y crisis humanitaria, me limitaré a revisar lo que ha sucedido en la política venezolana. Con esto busco explicar que el juramento de Guaidó no se trata de un golpe y que la ruptura del orden constitucional inició en diciembre de 2015 por parte de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

  1. Elecciones parlamentarias de 2015.

El 6 de diciembre de 2015 se llevaron a cabo las elecciones para conformar la IV Legislatura de la Asamblea Nacional (AN). Se renovaron en su totalidad los 167 escaños: la coalición de partidos opositores, Mesa de Unidad Democrática (MUD), logró la mayoría calificada con 109 + 3 escaños de representación indígena, sumando 112. La coalición del PSUV (chavista) logró ganar 55. Estas elecciones e instalación de la AN se dieron bajo la Constitución de 1999 de elaboración chavista.

  1. Nombramiento irregular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los trabajos de la III Legislatura con mayoría chavista finalizaron el 15 de diciembre de 2016. De manera irregular y después de la derrota electoral el 6 de diciembre, se reunieron el día 23 para nombrar a 13 magistrados principales y 21 suplentes. Esto fue denunciado por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, y en junio de 2016 la AN anuló los nombramientos considerados ilegales por no cubrir los requisitos y darse fuera del plazo establecido en la ley.

  1. El chavismo busca quitar a la MUD la mayoría calificada.

Una vez que habían juramentado los diputados, la fracción chavista impugnó ante el TSJ los resultados de las elecciones en los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy. El TSJ ordenó al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, que desincorporara a los 3 representantes de Amazonas. Ramos se negó a hacerlo argumentando que ya gozaban de inmunidad parlamentaria y el TSJ lo acusó de desacato.

  1. A golpes de sentencia.

A través de diversas sentencias, el TSJ limitó los poderes de la AN y se otorgó a sí mismo y a Maduro las facultades legislativas. - El 11 de enero de 2016 se dejó sin efecto todos los actos de la AN mientras estuviera en desacato. - En marzo de 2016, el TSJ retiró la inmunidad parlamentaria a los diputados y abrió la posibilidad de llevarlos ante tribunales militares. - En enero de 2017, el presidente de la AN Julio Borges separó a los 3 diputados de Amazonas. EL TSJ no retiró el status de desacato responsabilizando a la presidencia de Ramos. - En marzo de 2017, el TSJ otorgó facultades legislativas a Maduro y constitucionales para sí mismo, con la opción de delegarlas a las instituciones que desee. - En agosto de 2017, el TSJ destituye a la Fiscal General. - En junio de 2017, el TSJ avaló la facultad de Maduro para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

  1. Reacción de la Fiscalía.

La Fiscal Luisa Ortega calificó, el 31 de marzo de 2017, a las acciones del TSJ como ruptura del orden constitucional. El chavismo inició una serie de calumnias en público contra ella lo que la llevó a su destitución el 5 de agosto. La AN es quien tiene las facultades para remover al titular de la Fiscalía, pero fue el TSJ quien lo hizo. Ortega se opuso a la convocatoria de formar una Asamblea Nacional Constituyente y denunció la ilegalidad de los nombramientos del TSJ en diciembre de 2015.

  1. Ola de protestas y diálogo en República Dominicana.

Entre octubre y noviembre de 2016, la MUD organizó manifestaciones por la cancelación del procedimiento para convocar un referéndum revocatorio ante la anulación de firmas por 5 tribunales regionales. Entre marzo y agosto de 2017 se desató una ola de protestas populares en toda Venezuela en respuesta a la ruptura del orden constitucional. Las protestas fueron reprimidas violentamente, cientos de ciudadanos fueron detenidos, presos, torturados y asesinados. Al mismo tiempo, inició una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. El diálogo terminó luego del ataque del militar Óscar Pérez contra la sede del TSJ el 27 de junio de 2017, la MUD calificó su detención y ejecución como extrajudicial y se negó a participar en la última reunión el 18 de enero de 2018.

  1. Asamblea Nacional Constituyente.

En mayo de 2017, Nicolás Maduro convocó a formar una Asamblea para redactar una nueva constitución. La constitución de 1999 preveía un referendo previo que Maduro nunca realizó, ya que el TSJ le permitió hacer la convocatoria sin él. Las elecciones para la ANC fueron el 30 de julio en medio de alta abstención, presiones del gobienro a trabajadores públicos e irregularidades en el sistema Smartmatic que reportó varios millones de votos por encima de los ciudadanos que acudieron a las urnas. El PSUV y aliados lograron ganar los 545 asientos, instalando la ANC el 5 de agosto de 2017. La ANC es rechazada por los países del Grupo de Lima, Unión Europea, Suiza, Japón, EUA, Israel y Canadá. Cuenta con el respaldo de Ecuador (Correa), Bolivia, Nicaragua, Cuba, Rusia, China, Irán, El Salvador y Siria.

  1. Tribunal en el exilio.

La AN repuso el procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia el 21 de julio de 2017. Estos magistrados conforman el Tribunal Superior de Justicia en el exilio (TSJe) y viven en Panamá, Chile, Estados Unidos y Colombia. Las reuniones las celebran cada semana por internet.

  1. Elecciones presidenciales de 2018.

La ANC convocó a elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025. Los comicios tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018. El TSJ inhabilitó el cartón de registro de la MUD acusando que algunos partidos de la coalición no habían renovado su registro. Se registró poca participación, oposición inhabilitada, no asistencia de observadores internacionales neutrales, falta de garantías, poco tiempo de campaña, convocatoria no transparente al cambiar la fecha de la elección, reducido número de mesas para registro de votantes, compra y coacción del voto usando el carnet de la patria a favor del PSUV.

  1. Nicolás Maduro.

Tomó posesión de su segundo periodo presidencial el 10 de enero de 2019. La Organización de Estados Americanos declaró su presidencia como ilegítima y pidió nuevas elecciones. La OEA, Unión Europea, el Grupo de Lima y otros países desconocen su elección por la falta de garantías en el proceso. Su gobierno fue reconocido por Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Turquía, China, Irán, Sudáfrica y Rusia. México y Uruguay no lo desconocieron pero convocaron a un diálogo, esto fue recibido por el autócrata como una bocanada de aire. Ecuador, bajo la presidencia de Lenin Moreno, cambió su postura.

  1. Juan Guaidó.

El 5 de enero de 2019 fue escogido como presidente de la AN. El 11 de enero instaló una sesión de cabildo abierto en Caracas y anunció que asumiría las competencias del artículo 233 constitucional declarando la falta absoluta del Presidente de la República (calificando a Maduro como usurpador) y anunció que él se encargaría de la Presidencia para convocar a elecciones. El 23 de enero, 61 años después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Juan Guaidó apoyado por el TSJe y la AN, se juramentó como Presidente encargado de Venezuela y a las pocas horas consiguió el apoyo y reconocimiento de la OEA, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y el Grupo de Lima con la deshonrosa excepción del gobierno de México. La Unión Europea reconoció la legitimidad de la AN, mientras que Francia, España y Alemania llamaron a Maduro a realizar elecciones en menos de 8 días o reconocerían la autoridad de Guaidó.

A manera de conclusión, el chavismo controla Venezuela desde hace casi 20 años y perpetuaron su estancia en el poder con una nueva Constitución, detenciones de opositores, irregularidades y fraudes en las elecciones, así como aliados internacionales no democráticos. Nicolás Maduro fue quien rompió el orden constitucional en 2015 al construir un Tribunal ilegítimo, desconocer a la Asamblea Nacional y convocar a un nuevo constituyente y realizar elecciones sin garantías, obstaculizando la participación de los partidos opositores e impidiendo misiones de observación internacional. La AN, el TSJe y Guaidó solamente siguieron al pie de la letra la Constitución de 1999.